Uno de cada cuatro de los mayores bancos de datos del sector público existentes en el Reino Unido violan la privacidad del ciudadano, son ilegales y deberían cerrarse o modificarse, según un informe del organización Joseph Rowntree Reform Trust.
Entre los grandes bancos de datos denunciados por violar las leyes europeas de protección de la intimidad están el del ADN y el índice Contactpoint, que contiene datos biográficos de todos los niños del país.
Según la organización denunciante, que vela por la integridad de la democracia, más de la mitad de los 46 grandes bancos de datos y sistemas analizados presentan problemas de privacidad o de eficacia.
El Gobierno británico gasta al año el equivalente de más de 17.000 millones de euros en bancos de datos y se propone invertir otros 106.000 millones más en proyectos de tecnología de la información en los cinco próximos años.
Pero, según denuncian los autores del informe, ni siquiera el propio Gobierno conoce el número exacto de los "miles" de sistemas informáticos que gestiona y donde guarda todo tipo de información sobre el ciudadano.
ContactPoint, un banco de datos que en teoría está destinado a proteger a los menores, ha sido criticado por conservadores y liberales demócratas. Según éstos, resulta demasiado costoso -más de 225 millones de euros- y puede poner además en peligro a los menores ya que contiene detalles de contacto así como sobre sus relaciones con los servicios públicos.
Al examinar los sistemas de justicia criminal, los denunciantes descubrieron que los datos de una mujer seguirán figurando en el sistema informático de la policía hasta que cumpla cien años tan sólo porque una vez, cuando tenía trece años, la policía la amonestó a raíz de una pelea en el patio de recreo.
Por otro lado, las huellas genéticas de casi cuatro de cada diez varones negros de menos de 35 años detenidos por la policía se guardan en el banco de datos del ADN, que no los elimina ni siquiera en el caso de que esas personas resulten absueltas.
Según uno de los autores del informe, el profesor Ross Anderson, de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña es uno de los Estados que más estrechamente vigilan a sus ciudadanos y uno de los que peor protegen la privacidad de las personas entre las democracias occidentales.
Anderson calificó la situación de "desastre financiero, ético y administrativo, que penaliza a los miembros más vulnerables de la sociedad".
Terri Dowty, directora de la organización Action on Rights for Children, defensora de los derechos de la infancia, un banco de datos como Onset, que identifica a potenciales delincuentes juveniles antes de que cometan delito alguno, estigmatiza a los menores.
Otro de los bancos de datos denunciado es el del Ministerio del Trabajo y las Pensiones, que desarrolla un sistema que permitirá identificar a cualquier persona con un número de la seguridad social y al que podrán acceder 140.000 funcionarios del Gobierno y 445 autoridades locales de todo el país.
Los autores del informe quieren que el Gobierno dé muestras de mayor transparencia a la hora de guardar los datos confidenciales de las personas y que sólo los comunique a terceros previo consentimiento de los afectados o al menos en cumplimiento de reglas muy claras.
