Fuente: Baquia.
Al menos 20.000 cámaras de vigilancia serán instaladas en Shenzhen, una ciudad de 12 millones de habitantes ubicada en la provincia de Guangdong, en la frontera con Hong Kong. La instalación de las cámaras ha comenzado este mes en el puerto, y poco a poco se irá extendiendo a toda la ciudad. Las cámaras reconocerán automáticamente los rasgos de las personas sospechosas para la policía, y detectarán cualquier tipo de actividad escamante.
Shenzen posee ya 180.000 circuitos de vídeovigilancia controlados por empresas y diferentes agencias estatales. La policía tendrá acceso igualmente a estas cámaras, además de la red que planea instalar.
La misma compañía que suministra el software que hace funcionar el sistema, China Public Security Technology, financiada con inversiones estadounidenses, se encargará de entregar a todos los habitantes de la ciudad una tarjeta con un chip que almacena información personal, con su historial laboral, formación académica, creencias religiosas, ficha policial, raza e información sobre el seguro médico.
El chip registrará incluso el historial reproductivo de cada individuo, a fin de cumplir la política de hijo único que impone el gobierno chino. Más adelante se planea incluir también información sobre el historial de créditos, abonos de transportes y pequeños pagos a cuenta de la tarjeta.
Expertos en seguridad han descrito este plan como el intento más ambicioso de fusionar tecnología de última generación con el trabajo policial. El gobierno chino desarrollará planes similares en todas las grandes ciudades del país, y expenderá tarjetas electrónicas de residencia a 150 millones de personas, principalmente agricultores que abandonan el medio rural, que se han trasladado a las ciudades, pero todavía no han adoptado residencia permanente, con la excusa de poder beneficiarse de prestaciones sociales.
“Si no tienen tarjeta de residencia, no pueden vivir aquí y no pueden obtener beneficios sociales; además es una forma de control de la población por el gobierno”, señaló Michel Lin, vicepresidente de China Public Security Technology. Diversas asociaciones de derechos civiles han criticado el proyecto, que consideran una artimaña más del gobierno chino para controlar los movimientos de sus ciudadanos.
