Aunque muchos políticos han tenido la tentación de anunciar medidas similares en las últimas semanas –entre ellos algún asesor de José Luis Rodríguez Zapatero– ha sido el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a repetir cargo en las elecciones del próximo 9 de marzo, Manuel Chaves, quien se ha adelantado al prometer que, si gana, ofrecerá Internet gratis a todos los andaluces desde 2009.
De convertirse en realidad, la promesa de Chaves será bien recibida por las asociaciones de usuarios y consumidores, por contribuir al estrechamiento de la brecha digital, aquella que separa a los ciudadanos con acceso a los servicios e información que ofrece Internet de los que no lo tienen. Sin embargo, casi con toda seguridad, provocará un auténtico terremoto en el ultra competitivo sector español de las telecomunicaciones.
Y es que, hasta el momento, las iniciativas municipales de proveer acceso Internet gratis a los ciudadanos, especialmente a través de tecnologías inalámbricas como WiFi y WiMax, han sido atajadas casi de inmediato por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), con la justificación de no estar sostenidas en una normativa específica. Detrás, la presión de las grandes operadoras de telecomunicaciones, algunas como Telefónica y Ono, con grandes inversiones enterradas en forma de infraestructuras, que no aceptarán la competencia “desleal” de las administraciones públicas.
Para evitar esta oposición frontal, que mataría el proyecto antes de su nacimiento, la propuesta andaluza coloca al proveedor de acceso a Internet en el centro del plan, ya que el operador que gane un concurso público, convocado a tal efecto, prestaría al servicio, con la única diferencia de que el pagador, en lugar del cliente final sería la Junta. El problema es que sólo un operador contaría con este ingreso seguro, estima en 70 millones de euros anuales.
Las propuestas de ofrecer Internet gratis a los ciudadanos, siempre que cuenta con las operadoras como prestadoras de los servicios, cuenta con el apoyo del Gobierno. En una reciente entrevista con EXPANSIÓN, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, apuntó que no era partidario de prohibir iniciativas de este tipo, siempre que contaran con el respaldo de un proveedor profesional y se llevara a cabo con total transparencia.
Quedaría por conocer la opinión de la CMT, que por su esencia defiende el mejor mercado posible para los usuarios, pero que se esfuerza en compatibilizar las políticas del Gobierno con los intereses de los grandes operadoras. En una primera aproximación, y referida a las redes de nueva generación, que ofrecerán acceso ultrarrápido (más de cien megas) a Internet en pocos años, la CMT aboga por que las administraciones públicas ofrezcan estos servicios con remuneración económica, para “evitar distorsiones en el mercado”. Nace dice, sin embargo, de Internet gratis de un mega, como ofrece Chaves.
Belarmino y su equipo
Poco a poco, y sin hacer demasiado ruido, como se toman las decisiones delicadas en las empresas, el nuevo consejero delegado de Vocento, Belarmino García, está llevando a cabo una profunda renovación del equipo directivo, sustituyendo en los puestos de responsabilidad a históricos de la casa, como Fernando Samaniego, Víctor Viguri o Ángel Arnedo, por directivos que le han acompañado en su larga etapa en Orange, antes Amena. Así, en las últimas semanas se han incorporado a Vocento desde la operadora Joaquín Mollinedo, Miguel Abellán y María José Villarrubia. Con estos movimientos, el nuevo consejero delegado parece contar así con la confianza de un consejo que sigue en plena batalla accionarial.
