El pánico ha embargado esta semana a buena parte de la clase empresarial alemana. La causa no son los resultados de sus empresas o unas Bolsas mundiales convertidas en montañas rusas. La culpa la tiene un DVD con datos de un banco del paraíso fiscal alpino de Liechtenstein que demuestra que cientos de ellos (entre 750 y 1.000) llevan años defraudando al fisco alemán ingentes cantidades de dinero, hasta 4.000 millones de euros, según datos de la Fiscalía de Bochum, al frente de las investigaciones. Pero más allá de las cifras, los alemanes asisten entre indignados y estupefactos a la trama de un caso que empezó con el robo del DVD en el banco LGT, propiedad de la familia real de Liechtenstein, y su venta en el oscuro mundo de los servicios secretos. Allí, los espías alemanes lo compraron al supuesto ladrón, con permiso del Gobierno de Angela Merkel, por 4,2 millones de euros.
El resultado ha sido un monumental escándalo, el mayor por fraude fiscal en la historia de Alemania, que suscita muchos interrogantes y cuyo final no se vislumbra. "Es un incidente grave, que puede hacer mucho daño dentro y fuera de Alemania", explica el diputado Niels Annen, del Partido Socialdemócrata (SPD), socio de gobierno en la gran coalición con los democristianos de Merkel. "En los últimos años, a los ciudadanos se les ha dicho que había que contener los salarios y recortar los servicios sociales para reactivar la economía. Mientras, han visto cómo los beneficios empresariales crecían y los sueldos de las élites se multiplicaban. El sentimiento de injusticia contra los líderes económicos podría extenderse también contra los políticos", añade Annen.
El enfado en la calle es evidente. "Hace años que tengo el mismo sueldo. ¿Para qué? ¿Para que los millonarios se lleven el dinero a sus bancos en el extranjero?", se pregunta airada Rita, una mileurista de 34 años que trabaja en un supermercado en un barrio del este de Berlín.
La primera víctima del caso ha sido una de las figuras más poderosas del empresariado alemán, Klaus Zumwinkel, el hombre que convirtió los correos alemanes, Deutsche Post, en la primera empresa de logística del mundo. El mayor accionista de la compañía es el Estado alemán. Zumwinkel dejó su cargo el pasado día 15 tras admitir haber evadido a Liechtenstein un millón de euros obtenidos del patrimonio familiar. Su detención del pasado jueves podría ser la primera de una larga lista.
En lo que parece ser una estrategia bien definida por el Gobierno, cientos de empresarios se ven abocados a tomar una difícil decisión: confesar por su cuenta o arriesgarse a terminar en la cárcel. "Vamos a ir hasta el final. Lo mejor que pueden hacer quienes han mandado dinero a Liechtenstein es admitirlo y cooperar antes de que sea demasiado tarde", afirmó un portavoz de la Fiscalía de Berlín, que por instrucciones de la de Bochum investiga las fortunas de "algunas decenas" de millonarios de la capital. Como la de Berlín, al menos otros siete länder (Estados federados) han recibido instrucciones para rastrear a los ricos evasores.
Un inspector fiscal, citado por Financial Times, asegura estar detrás de "gente con mucho dinero". "En algunos casos, los investigados ya están viniendo a nosotros a declarar", añade. El ministro de Finanzas, Peer Steinbrück, ha reiterado un mensaje destinado a todos aquellos que quieran sentirse aludidos: "Tenemos la información y el tiempo. Esto va a durar meses".
Tras la dimisión de Zumwinkel, la fiscalía y la inspección fiscal ha emprendido una cascada de cientos de registros en domicilios, oficinas y entidades bancarias en toda Alemania. De momento, un alto cargo del Gobierno regional de Baviera ha sido apartado de sus funciones y el diario Berliner Zeitung extendió ayer la lista de implicados, en lo que ya está cerca de ser un deporte nacional en Alemania, a tres diputados del Partido Liberal (FDP) y uno de la CDU.
El Gobierno de Merkel, que desde el primer momento ha atacado con dureza al de Liechtenstein por la opacidad de sus bancos, puede encontrarse sin embargo con un gran problema en casa: las investigaciones indican que algunos bancos alemanes también están implicados en la evasión de capitales. A principios de semana, agentes judiciales registraron en Múnich la sede del Dresdner Bank y del suizo UBS, aunque portavoces de la fiscalía aclararon que el objetivo era obtener "datos sobre clientes, no sobre la actuación de los bancos". Pero el miércoles, ante nuevos registros, la fiscalía confirmó que "otras entidades financieras" ya estaban en el foco de sus investigaciones. Una de ellas, el Metzler, un poderoso banco privado con sede en Francfort y especializado en gestionar grandes fortunas, admitió que tres de sus empleados estaban siendo investigados.
Ulrich Raensch, de la firma de abogados Baker & Mackenzie, explica que el "éxito de paraísos fiscales como Liechtenstein radica en sus servicios para poner a salvo el dinero negro del fisco". "Liechtenstein tiene una figura jurídica, las fundaciones, que permiten gestionar grandes cantidades de dinero que apenas tributan y que ocultan a los beneficiarios". Según el Ministerio de Finanzas germano, más de 75.000 fundaciones gestionan en el país alpino decenas de miles de millones de euros sin que se sepa a quién pertenecen y pagando unos impuestos, entre el 0,1% y el 0,05%, insignificantes.
"Las fundaciones", sigue Raensch, "no tienen cabida en el sistema legal alemán, porque ocultan a sus beneficiarios. Los ciudadanos que han mandado dinero allí saben que están evadiendo impuestos", añade.
"Casos como el de Liechtenstein demuestran la necesidad de una mayor transparencia y cooperación en el flujo internacional de capitales", afirma Matthias Rumpf, de la oficina en Berlín de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Los paraísos fiscales atraen dinero de origen desconocido y amenazan con extender sus prácticas a países vecinos, como se está viendo en Alemania", añade. Liechtenstein, Andorra y Mónaco son los tres últimos países que figuran en la lista negra de la OCDE como "paraísos fiscales que no cooperan en el intercambio de información".
Pero el Gobierno de Merkel no sólo ha recibido apoyos por su golpe. La primera respuesta, airada, vino del propio príncipe Alois von und zu Liechtenstein, que el martes acusó a Berlín de "actuar como una gran potencia", "violar las leyes internacionales" por comprar secretos bancarios y "atacar la soberanía" del miniestado alpino, una franja de tierra de 25 kilómetros de largo en la orilla este del río Rin a su paso entre Suiza y Austria. "Alemania utilizaría mejor su dinero arreglando su sistema fiscal que gastando millones en comprar información robada", acusó el príncipe.
Merkel se reunió el miércoles con el primer ministro de Liechtenstein, Otmar Hasler. La rueda de prensa posterior puso de manifiesto la tensión entre el mayor y el más pequeño de los Estados de habla alemana. "Deseamos mantener buenas relaciones", empezó su declaración Merkel, "pero es imprescindible que Liechtenstein se comprometa con la UE a avanzar contra el fraude y acepte las recomendaciones de la OCDE contra la opacidad fiscal". "El tiempo es esencial", insistió la canciller.
El tono de Merkel fue duro, pero fuera de la sede de la cancillería los políticos alemanes iban más lejos: "Si Liechtenstein no accede a razones, tendremos que hablar con la UE e imponer sanciones para aislarla", afirmó el mismo miércoles el presidente del SPD, Kurt Beck, al semanario Stern.
El primer ministro Hasler usó un tono más conciliador. Dijo que su país está en la "senda de las reformas" y que desea "firmar con la UE un acuerdo contra el fraude y a favor de la cooperación". "Pero no aceptaremos niveles superiores a los de la UE", avisó en referencia a las prácticas de países como Luxemburgo o territorios del Reino Unido como Gibraltar o las islas del Canal de la Mancha.
Desde el Estado alpino se teme que un endurecimiento de los controles sobre su sistema bancario puede poner en peligro su propia supervivencia económica. Con 35.000 habitantes, un tercio de ellos extranjeros, los bancos de Liechtenstein atesoran 100.000 millones de euros en depósitos y la actividad financiera supone más de un tercio de su PIB.
La actuación del Gobierno de Merkel también ha recibido críticas dentro de Alemania, aunque más tibias y desde los sectores liberales más afectados por las redadas. El abogado Tido Park considera que la fiscalía, con el apoyo de la cancillería, "ha querido extender el miedo para que la gente acabe autoinculpándose". "El Gobierno sólo dice que tiene unos datos que nadie ha visto y que en todo caso han sido robados y que serán de dudosa validez ante un tribunal. En Derecho Penal, el fin no justifica los medios. La fiscalía intenta forzar a la gente a confesar por miedo. Si nadie confesara, probablemente todo esto quedaría en un gran bluf", concluye.
Este escándalo se suma a los que en los últimos años han ensuciado la antaño inmaculada imagen del empresariado alemán. La multinacional Siemens, que ganó contratos por todo el planeta a base de sobornos, y Volkswagen, que gastó millones en pagar prostitutas y viajes a sus sindicalistas para evitar tensiones laborales, fueron las dos compañías que abrieron el camino de lo que esta semana el ministro Steinbrück ha resumido como "la pérdida de decencia de parte de la élite del país". O, en palabras del catedrático de la Universidad Libre de Berlín Ignacio Sotelo, "el fin de la ética protestante del capitalismo".
La República Federal de Alemania resurgió tras la II Guerra Mundial como gran potencia económica gracias a un pacto entre la clase empresarial y los trabajadores "basado en la honradez empresarial protestante, donde las empresas ganaban mucho dinero pero lo compartían con sus trabajadores", explica el catedrático. "La pérdida de peso de los trabajadores en el sistema productivo ha llevado a una pérdida de valores que se refleja en prácticas que bordean lo delictivo. No es un problema específicamente alemán, pero aquí se siente más porque este país fue un modelo para otros", concluye Sotelo.
Cuando los espías compran datos a los ladrones
Han pasado tantos años desde la caída del muro de Berlín que los alemanes casi habían olvidado que tienen espías. Pero el servicio secreto, BND en sus siglas en alemán, existe y ha irrumpido con fuerza en la política con la compra por 4,2 millones de euros del DVD que implica a cientos de defraudadores entre las capas más altas de la economía del país.
El servicio pidió permiso al Gobierno para comprar un material que sabía que era robado. Recibió luz verde. Las dudas sobre la legalidad del trato las trató de disipar en cuatro palabras el ministro federal de Finanzas, Peer Steinbrück, que espera recaudar cientos de millones de euros con la operación: "Es dinero bien empleado".
Más denso es el debate en la prensa alemana, que ha dedicado largos editoriales al asunto. "Aunque todo sea legal, queda un amargo sabor de boca cuando instituciones estatales hacen negocios con criminales", resumió el conservador Die Welt. El económico Handelsblatt, sostiene: "Desde el punto de vista jurídico, puede ser legítimo que el Estado pague millones para obtener datos robados. Pero cabe preguntarse si realmente vamos por un camino sano".
La identidad del supuesto ladrón al que los servicios secretos alemanes compraron la información, al que algunos medios sitúan en Australia disfrutando de un cómodo retiro con otra identidad, es uno de los misterios aún por resolver en este caso.
Herida en su orgullo, ya que el banco de donde salieron los datos es de su propiedad, la familia real de Liechtenstein acusó públicamente a Alemania de haber hecho negocios con un ladrón al que identificó. Se trataría de Heinrich Kieber, antiguo empleado LGT, al que Liechtenstein acusa de haber robado en 2002 datos sobre 500 clientes de la empresa.
Esta versión, sin embargo, ha sido puesta en duda por el Gobierno alemán que, según fuentes no identificadas citadas por el semanario Der Spiegel, asegura que la lista de defraudadores llega a 1.000 y los datos en poder de la fiscalía de Bochum se remontan a 2005.
En cualquier caso, el confidente del servicio de espionaje puede ser un ladrón de datos bancarios, pero no es un defraudador de impuestos, según afirmó el presidente del BND, Ernst Uhrlau, en una comisión parlamentaria celebrada esta semana para aclarar la compra del DVD. Uhrlau precisó ante los diputados federales que su contacto pagó religiosamente los impuestos, un 10%, de los 4,2 millones de euros que cobró por la información.
