La Sociedad General de Autores y Editores no da tregua a la polémica. Cuando aún está caliente el feo asunto de la LISI (Ley de Impulso a la Sociedad de la Información), en la que tanto y de tan mala manera se mojaron los de Teddy Bautista, un grupo de asociaciones ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción ciertas irregularidades que podría estar cometiendo la SGAE. Según estas asociaciones, la gestora de derechos de autor, que fundamenta el cobro del canon sobre la remuneración a los autores, ha desviado fondos de este mismo canon a filiales que poco o nada tienen que ver con los autores y mucho con las arcas de la propia SGAE.
Todavía no hay nada firme y la Fiscalía aún estudia si empezar a investigar un caso que, de ser cierto, sería un ejemplo de manual de cómo una entidad que dice ser sin ánimo de lucro gana dinero gracias a una concesión pública. Hasta ahí todo normal. Las asociaciones denunciantes, entre las que figuran la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, se amparan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de la cual cualquier persona física o jurídica tiene la obligación de poner en conocimiento de la justicia cualquier sospecha de actividad ilegal. En el caso que nos atañe las sospechas eran más que fundadas, pues lo de los fondos del canon derivados a otras actividades era un hecho que se venía denunciando desde hace tiempo en multitud de foros y hasta en la prensa escrita.
Pero algo que debería seguir su curso dejando que los fiscales pongan luz sobre algo que huele francamente mal, ha servido de excusa a la SGAE para presentar una querella contra los que pusieron en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades. La SGAE, naturalmente, ni se defiende ni contradice las acusaciones, simplemente se hace la víctima y se atrinchera alegando que las asociaciones que ejercieron su deber de ciudadanos observantes de la Ley han interpuesto una denuncia falsa.
Que la SGAE esté o no lucrándose ilegalmente con el dinero del canon es algo que aún no sabemos y que la Fiscalía, si lo cree oportuno, tendrá que investigar. Lo que parece fuera de toda duda es que las asociaciones que han llevado este caso ante los fiscales tienen sospechas suficientes para hacerlo. Esto tira por tierra la acusación de denuncia falsa y pone a la SGAE en una posición en la que no acostumbra a estar: en la de dar explicaciones y no en la de pedirlas. La prepotencia que suele mostrar la Sociedad General de Autores, habituada a llevar la voz cantante en los tribunales denunciando a diestro y siniestro a todo el que le lleva la contraria, no le va a servir de nada en este brete.
Eso por un lado, por otro, pase lo que pase en la Fiscalía Anticorrupción, este caso servirá para reabrir el asunto del canon, una cacicada que no se sostiene ni por activa ni por pasiva y que, injustamente y a costa del bolsillo de los consumidores, está metiendo ingentes cantidades de dinero en la SGAE. Normal que se pongan nerviosos y den palos de ciego querellándose como esas estrellas de la farándula que prestan tanta atención a su propio negocio. El problema es que la SGAE, a diferencia de los famosos que viven de salir en televisión, cumple una función pública muy bien delimitada en la que no debería caber sospecha alguna.
