El acuerdo alcanzado en Francia entre los proveedores de Internet, las entidades de gestión de derechos y varios ministerios para vetar las descargas gratuitas y el intercambio de archivos podría ser un ejemplo para España, pero para ello será necesario tanto una actitud dialogante por parte de las entidades de gestión de derechos de autor como una serie de cambios legislativos, a los que se opondrá, con uñas y dientes, la comunidad de internautas.
Fuentes de las operadoras consultadas por LA GACETA explicaron que lo que ha sucedido en Francia no es tan diferente a lo que ha estado pasando en España. “Pero estamos tres años más retrasados debido a que el sector más duro de las entidades de gestión de derechos de autor han mostrado una actitud poco dialogante y nos han querido imponer condiciones inaceptables”, explicaron.
Los operadores consultados estarían dispuestos a colaborar con algún tipo de autoridad pública para el control de contenidos, siempre que esta fuera verdaderamente “neutral e independiente”. Frente a esto, las reclamaciones de la SGAE y sus socios, que intentaron introducir en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información la polémica enmienda 17bis, que obligaba a los operadores a retirar contenidos a petición de las entidades de gestión, y que exigía un bloqueo espartano de la compartición de archivos entre pares (P2P).
“No quieren una autoridad independiente, y desde luego no quieren que los usuarios estén representados, pero los operadores no podemos dar ese poder a nadie salvo a un juez o una autoridad garantista”, subrayaron estas fuentes.
Asimismo, confiaron en que 2008 sea el año del diálogo y que el sector más duro de las entidades de gestión, "que está acostumbrado a escribir directamente en el BOE", abra paso a los elementos más dialogantes”. También expresaron su esperanza en que una mayor participación de las majors sirva para mejorar relaciones.
En cualquier caso, los internautas españolas advierten sobre cualquier intento de seguir el ejemplo galo. “Lo de Francia ha sido el triunfo de la dictadura del culturetariado y ha cogido a la Sociedad Civil a traición”, explicó el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. “Crear cualquier autoridad que no sea un juez es una cosa muy rara", subrayó el directivo, quien aseguró que controlar el tráfico P2P supone infringir hasta tres derechos fundamentales de nuestro ordenamiento, como la privacidad de las telecomunicaciones y su no interceptación.
"La Agencia de Protección de Datos me ha garantizado que los datos IP son de carácter personal e inviolables", precisó Domingo, quien advirtió al presidente del Gobierno que "si responde a la 'valentía’ que le pide la SGAE se encontrará con una caída en las líneas ADSL y con un boicot a la industria cultural que afectará a los resultados bursátiles de muchas compañías".
